Travesía electoral de Coahuila


Salvador Hernández Vélez.
La caída del sistema en la elección presidencial de 1988, obliga a las autoridades a cambiar las reglas del juego electoral. En el sexenio de Salinas por primera vez el PRI pierde un gobierno estatal: Baja California, luego por negociaciones entrega Guanajuato. Aunque el PRI en 1991 y en 1994 gana las elecciones federales, en 1997 pierde por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados y el gobierno del Distrito Federal. Estos cambios políticos y electorales obligan a reconstruir el sistema electoral.

Así nace el Instituto Federal Electoral en 1990, con la función constitucional de ser el organizador de las elecciones, sin embargo se le considera como un arbitro de las elecciones a partir de 1996 en que el Consejero Presidente es un ciudadano elegido por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Ya en 1994 se había iniciado el proceso de ciudadanización. Pero fue hasta el 2007 que el órgano electoral contó con los instrumentos para el arbitraje electoral, para sancionar no sólo a los partidos políticos, sino también a los ciudadanos, militantes y candidatos de los partidos políticos, así como a los medios electrónicos de comunicación.

En Coahuila en 1993 gana la elección al gobierno del estado Rogelio Montemayor. Esta candidatura de gobernador fue la última en Coahuila que se decidió en el Consejo Político Estatal del PRI. El tricolor tuvo que adelantar los tiempos, Enrique Martínez y Martínez recibía el apoyo de las diferentes expresiones priistas de las regiones del estado, esto trastocaba la lógica de la imposición central. Martínez era un cuadro local con arraigo, Montemayor obedecía a la lógica central, la del presidente en turno. La forma como se resolvían las candidaturas del PRI, agotó el modelo impositivo desde el centro, modelo fuertemente cuestionado con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia de la República en 1988. Así se evidenció en Aguascalientes y en Querétaro, con las candidaturas de Héctor Hugo Olivares Ventura y de Fernando Ortiz Arana, respectivamente, ambos se enfrentaron a la derrota, los electores exigían cuadros políticos regionales.

En las elecciones federales del 21 de agosto de 1994 se eligió por última vez en Coahuila a los diputados locales junto con los diputados federales. Esta legislatura local, la LIII, duró en el cargo dos años cuatro meses para empatar las elecciones de los legisladores locales con los presidentes municipales y cada seis años con la de gobernador, y llevó a cabo la primera reforma electoral para elegir un consejo electoral ciudadano para la elección de 1996.

Algunos estudiosos ubican el inicio del proceso de democratización con la reforma electoral de 1990, fecha en que se crea el IFE y concluye con la última reforma electoral de 1996, misma que otorgó formalmente autonomía plena al consejo general del IFE. La prueba de ácido de esta nueva legislación fueron las elecciones federales de 1997, cuando por primera vez el partido oficial pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y luego en las elecciones presidenciales de 2000, un partido distinto al oficial gana la Presidencia de la República. Con la reforma de 1996 y las derrotas de 1997 y del 2000 del tricolor, se instala el rasgo esencial de la democracia electoral: la incertidumbre en los resultados y su posterior acatamiento por parte de los actores políticos involucrados.

Observamos que en Coahuila las reformas electorales se apegan, en mayor medida, al esquema seguido a escala nacional durante el proceso de democratización. Por un lado se encuentra un partido predominante, que efectuó una reforma política integral y garantista.

En Coahuila, el 20 de abril de 1994 se publicó el Código Electoral del Estado, abrogando a la Ley de Organizaciones y Procesos Electorales, del 30 de enero de 1979. El Código Electoral de 1994 será revisado en junio de 1996 y en noviembre de 1998. El Código de 1994 da forma a un órgano -el Consejo Estatal Electoral- que sigue bajo el control político del gobernador del estado. Con la reforma de 1996 el Consejo Estatal Electoral adquiere mayor autonomía.

En 1998 tiene lugar otra reforma a la ley de 1994, en ella el dictamen acerca de la elección de gobernador es facultad del Consejo Estatal Electoral. De mayor relevancia es la introducción de normas específicas que definen las modalidades de financiamiento público y privado que recibirán los partidos. Asimismo, la legislación promulgada este año mantiene las disposiciones establecidas en 1996 respecto de la representación política. El Congreso coahuilense, desde 1994, se compone de 20 escaños de mayoría y 12 de representación proporcional.

En Coahuila, las reformas de 1994, 1996 y 1998 consiguen adecuar la normatividad electoral coahuilense a los parámetros de la gobernanza electoral federal, y aunque las modificaciones legales que se introducen son discutidas y negociadas entre los partidos políticos, tanto el PAN como el PRD impugnaron legalmente a la norma. Alianza Cívica de Coahuila, una organización social pro-democrática, también cuestionó la reforma.

La reforma político-electoral de Coahuila del 2001 es reconocida de largo alcance. Ese año se promulgan la Ley de Participación Ciudadana de Coahuila, la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales y la Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). Esta ley establece amplias garantías formales de autonomía y profesionalización para el recién creado IEPC. De esta norma destaca la definición puntual del carácter autónomo del IEPC en los aspectos de autonomía política, autonomía jurídica y autonomía administrativa financiera y presupuestal. La Ley establece que los consejeros electorales durarán en su encargo siete años. Su designación la hará el Congreso luego de un proceso de convocatoria pública. La Ley también aborda el plano de la justicia electoral, al crear el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. El PAN, por su parte, promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la obligatoriedad de la cuota de género contenida en la ley. La Corte validó la cuota de género
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La ley electoral del 2001, previo a la elección local de 2002, reguló por primera vez en el país las precampañas, acortó el tiempo de las campañas y el financiamien- to. Se aprobaron campañas diferenciadas, se centralizó la contratación de medios en el órgano electoral y se aprobaron las candidaturas comunes. Homero Ramos Gloria fue el primer Presi- dente del Instituto Electoral, ya sin la participación del gobierno.

La reforma electoral de 2008 redujo el número de escaños en el congreso local, de 35 pasó a 31 y en la siguiente reforma en la del 2010 se redujo aún más, la legislatura que entra en funciones el 1 de enero de 2012 sólo contará con 25 diputados, 16 de mayoría y 9 de representación proporcional.

Una de las principales consecuencias imprevistas del diseño institucional es que las elecciones se convierten en escenarios de ásperas disputas políticas, que van en detrimento de la consolida- ción institucional y la confian- za ciudadana en las institu- ciones de la democracia.

Para hacer que las elec- ciones sean instrumentos que fortalecen la calidad de la democracia, se requiere una revisión cuidadosa e integral del diseño constitucional federal, pero tal parece que una renovación del marco institucional de la democracia mexicana no tendrá lugar hasta que alguna situación extraordinaria o circunstan- cia apremiante obligue a los partidos a efectuarla.